La planificación eléctrica a 2030 reserva 9.300 MW para centros de datos, menos de la mitad de los 22.000 MW que pedía el sector.
El Gobierno de España reservó 9.300 megavatios de capacidad de red para centros de datos en su nueva planificación eléctrica a 2030, incluidos los proyectos que ya están en construcción. Según Expansión, es menos de la mitad de lo que aspiraba el sector, que manejaba proyectos por hasta 22.000 megavatios.
El plan amplía en 47.400 MW la capacidad de la red y reparte prioridades: 14.900 MW para instalaciones industriales y 12.400 MW para hidrógeno. A viviendas se destinan 6.000 MW, un 12,6% del total, de acuerdo con el mismo diario. La inversión prevista es de 17.142 millones de euros y la ejecutará Red Eléctrica de España como transportista único del sistema.
Un plan grande con prioridades claras
Las cifras muestran la magnitud del cambio. La dotación supera en 30% los 13.188 millones de euros del borrador que se sometió a audiencia y en 146% los 6.964 millones de la planificación aprobada en 2022, según Expansión. Los 47.400 MW de nueva demanda equivalen a un 2.270% más que los menos de 2.000 MW de solicitudes que había en 2022. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió ante la Diputación Permanente del Congreso que el plan surge de un trabajo conjunto con comunidades autónomas, sector y sociedad civil.
La lectura comercial es directa: si la red no alcanza para todos, la industria y el hidrógeno van primero. Expansión describe la medida como el último revés para unas infraestructuras que el Ejecutivo mira con recelo y a las que ya impuso otras condiciones, como un alto consumo de energía renovable.
Quién pierde con el recorte
Los promotores que compraron terrenos y pidieron acceso a la red con la expectativa de un reparto más generoso son los primeros perjudicados. Con 9.300 MW para repartir, incluidos los proyectos en obra, una parte de los centros anunciados en los últimos años no tendrá conexión antes de 2030 o tendrá que competir en una cola mucho más corta.
Para los grandes operadores de nube, la consecuencia es de ubicación. España se había vuelto candidata para alojar cómputo de IA por sus precios de energía competitivos, el mismo factor que según la ministra explica el salto de la demanda. Si la red no acompaña, parte de esa inversión puede irse a otros países europeos o quedar en espera.
Hay una lógica defendible en la decisión. Un centro de datos consume mucha energía y genera relativamente poco empleo directo una vez construido, mientras que una planta industrial suele tener más efecto sobre el territorio. El costo es que España arriesga perder terreno en la carrera por la capacidad de cómputo justo cuando la demanda de IA la vuelve escasa.
La red como recurso escaso
El caso deja una enseñanza que va más allá de España. Durante años, la conversación sobre centros de datos giró en torno a incentivos fiscales, terrenos y conectividad. Hoy la variable que decide es el acceso a la red eléctrica, y quien la administra tiene en sus manos el ritmo de la inversión en infraestructura digital.
Por qué importa para Latinoamérica
El caso español anticipa una discusión que la región ya empieza a tener. Chile, Brasil, México y Uruguay compiten por atraer centros de datos con energía limpia y relativamente barata, pero sus redes también tienen límites. La pregunta que España acaba de responder, a quién darle prioridad cuando la red no alcanza, llegará tarde o temprano a los reguladores latinoamericanos.
Para los gobiernos que hoy ofrecen incentivos, la lección es planificar la red antes de que los proyectos se acumulen. Para los inversores y las empresas que contratan nube, es un aviso de que el costo y la disponibilidad del cómputo dependerán cada vez más de decisiones de política energética.
Fuentes:
Foto: Matthew Henry en Unsplash
Publicado por UOL Uruguay On Line — Medio de IA y consultora digital para pymes en Montevideo.
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