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Sistema Nacional de Cuidados o como enriquecerse a costillas de los desvalidos

Más de 400 denuncias sobre el Sistema de Cuidados

Una de las más nefastas creaciones de los intereses políticos mezquinos e inhumanos fue el Sistema Nacional de Cuidados. Cuenta hasta el momento con más de 400 denuncias penales por estafas, engaños, robos en domicilios de los cuidados, acoso, abusos sexuales, malos tratos, supuestos servicios, y todo tipo de figura delictiva que se les ocurra.

Hoy el MIDES inicia una nueva Auditoría interna para presentar otra denuncia penal sobre el Sistema Nacional de Cuidados: No hay ninguna sorpresa: Los usuarios reportan robos, acoso y malos tratos y ya las denuncias están hechas. No se comprende tanta burocracia para investigar delitos que rompen los ojos.

Este sistema maldito nació en principios del 2017 y a mediados del 2018 lanzaron una campaña publicitaria que costó cerca de U$S 500.000 dólares haciéndonos creer a todos en un sinfín de beneficios que nunca existieron. Lo que sí existieron fueron más 40 cargos de confianza creados en el Mides con salarios importantes y todos del mismo partido para articular una red despreciable de enriquecimiento o al menos lucro con la desgracia de los pobres ancianos. Y fundamentalmente el gran aprovechamiento fue con ellos porque no tienen quien los defienda en su soledad.

Hoy leemos que tras tres años de quejas recabadas, tanto de trabajadores como de beneficiarios, motivan a las nuevas autoridades del Mides a realizar una auditoría interna que dará insumos para una posterior denuncia penal. Esperemos no se haga otro negocio el hacer auditorías con empresas consultoras del mismo partido que hoy gerencia el Mides porque es más de lo mismo pero con distinto color.

El Sistema de Cuidados acumuló una serie de denuncias de los usuarios por maltratos, acoso sexual hacia los beneficiarios y robos, que según las actuales autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no han tenido ningún tipo de seguimiento ni tratamiento judicial.

Según el relevamiento , desde febrero de 2017 a agosto de 2019 se acumularon 414 quejas, de las cuales 224 son de los usuarios, y las restantes 190 corresponden a los cuidadores.

De las denuncias realizadas por los usuarios, la amplia mayoría refiere al incumplimiento en el horario de atención, o la no asistencia al lugar. Allí hay 40 quejas. Otras 25 quejas son por “maltrato de parte del asistente personal”, y el mismo número por “disconformidad con el asistente”. Se registraron 15 casos en los que el usuario denunció “falta de aptitud para la tarea” designada, mientras que en cuatro ocasiones se denunció “mal comportamiento” de parte del asistente personal.

Por otro lado, los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Cuidados, en general a través de los asistentes personales, formalizaron denuncias en su mayoría por “maltratos de parte del usuario o familiares”. En total hay 34 casos por este concepto. Otras 32 quejas se refieren a derechos laborales, mientras que 12 se refieren a la obligación de realizar tareas que no corresponden a la función designada. Existe un caso en el que se denunció violencia intrafamiliar, que tampoco recibió tratamiento por parte de las autoridades. Pero la mayoría de los planteos, 95 casos, son por falta de formación para desarrollar la tarea.

El departamento que más denuncias tiene registradas es Montevideo con 184. Le siguen Canelones con 80, San José con 27, Salto con 24, luego Cerro Largo, Florida y Maldonado con 10 denuncias, y los restantes departamentos con un número inferior a ocho. Paysandú es el único departamento que no tiene reclamos registrados.

Ante esta situación, el Mides inició una auditoría interna de carácter urgente para analizar las diferentes denuncias y las responsabilidades de los implicados.

El director general del Mides, Nicolás Martinelli, dijo que el escenario detectado es “complejo”. “Es consecuencia de las debilidades de un sistema bien intencionado pero mal diseñado. En los informes se describen delitos que van desde abuso de menores, hurto, violencia de género hasta lesiones. También hay temas como el acoso laboral, problemas con los despidos y falta de aptitud o y capacitación de los cuidadores”, comentó.

Martinelli responsabilizó a los jerarcas del gobierno pasado. “Si las autoridades anteriores, como Marina Arismendi, Ana Olivera y Julio Bango, estaban al tanto de estas situaciones y las ocultaron, naturalmente que se configuraría una omisión a los deberes del funcionario público en denunciar delitos y por eso vamos a realizar una denuncia penal, para que la Justicia investigue y determine las responsabilidades que correspondan. Sin perjuicio de la denuncia penal ya está en curso una auditoría para analizar todos los reclamos y las denuncias efectuadas, dijo Martinelli.

Consultado el ex secretario del Sistema de Cuidados, Julio Bango, prefirió no hacer declaraciones por el momento. En realidad nunca hizo una defensa o aclaración puntual sobre nada. Indignante.

Fuentes del gobierno anterior dijeron que los reclamos que ahora se difunden fueron posibles porque se instrumentó un sistema de recepción de quejas. Las de índole laboral eran derivadas al Ministerio de Trabajo. Advirtieron que la Secretaría de Cuidados tiene competencias para resolver eventuales desajustes del subsidio, o problemas de asistencia del cuidador, y que se dispuso un sistema de inspección aleatoria a cuidadores de través del BPS. Sin embargo, consideraron que no era potestad del Mides realizar denuncias penales, sino plantear esta posibilidad a los involucrados.

Las familias.

Las denuncias por malos tratos de parte de los usuarios se repiten. El 5 de agosto de 2017 una madre denunció a la asistente por golpes a su hijo. “Él va a agarrar galletas y ella le quita la comida y se lo come ella. Lo aprieta, le tira las manos hacia abajo. También ha robado”, detalla la denuncia. En este caso la asistente fue procesada, y no trabajó más en el sistema.

Otra familia denunció que su hijo aparecía “con marcas en la cola”, y que no se podía mantener una conversación con el asistente, ya que generaba constantes discusiones. El registro oficial detalla que no hubo mayor información “de qué camino seguir para atender la situación”. En el seguimiento que se hizo se determinó que se debía “llamar para verificar que pudieron volver a contratar” a otro asistente.

En algunos casos la gravedad del planteo fue mayor. Una familia presentó reclamos por sospechas de acoso sexual. “Tuvo actitudes inapropiadas con la beneficiaria: excesivo contacto físico, comentarios sexuales, como por ejemplo ofrecimiento de un consolador, sacarle fotos a la beneficiada y divulgarlas en grupos de Whatsapp de los asistentes personales, entre otras cosas”, comentó el familiar del asistido, quien aclaró que hacía un mes que trabajaba en su casa y decidió darle de baja por estas observaciones. El reclamo fue presentado el 13 de marzo de 2018 y no tuvo seguimiento.

Entre los casos de abuso, una madre resolvió cortar con la contratación, ya que constató que su hijo le reportaba “abuso por parte del asistente”.

Otra denuncia fue por robo de dinero, y la constatación por parte de la familia de que había realizado solicitudes de préstamo desde su casa. La respuesta que se les dio fue que formularan la denuncia en la seccional policial correspondiente.

El 21 de agosto de 2017, la madre de un beneficiado informó de “maltratos físicos y psicológicos’’. “Preocupa porque ha concurrido al BPS y a la Institución de Derechos humanos y no obtuvo respuesta, ya que la asistente personal sigue trabajando”. En este reclamo no se registró seguimiento del tema, pero se dejó constancia de que la familia contrató una nueva asistente personal.

Ese mismo año, en noviembre, otro asistente fue denunciado por maltrato al padre del beneficiado y a la empleada. Luego el asistente renunció, pero la familia planteó la preocupación por el reclamo de despido, ya que presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo. En este caso no hay seguimiento del reclamo.

Un abuelo denunció el 7 de junio de 2018 que el asistente maltrataba al niño cuidado: “Le da de comer rápido para irse, haciéndolo vomitar”.

Otra queja fue realizada por los vecinos de un beneficiario. “Todos los vecinos estamos indignados por la calidad del servicio asignado. La paciente grita constantemente porque no está acompañada. El cuidador va con la señora y su hija de dos años a cumplir las funciones. Y no cumple la cantidad de horas, por lo menos en el domicilio asignado”, detalla el reclamo presentado el 8 de febrero de 2019. En este caso no se realizaron observaciones, no hubo respuestas ni tampoco seguimiento del caso.

Otra señora mayor, que tenía asignada un asistente, presentó queja por malos tratos. “Me dice que tengo olor, que hace 15 días no me cambio la ropa, pero no colabora. Se pasa en el celular o mirándome para criticarme. Me llama de tortuga porque ya no puedo casi caminar y no me ayuda a salir para moverme un poco”, relató la señora que recibía la asistencia.

En algunos casos los prestadores de servicios amenazaron a los denunciantes en el momento en que la familia decidió cortar con el servicio por disconformidad. “Empezó a los gritos en la calle, realizando amenazas frente a los vecinos”, es el relato de una madre oficializado en el sistema el 20 de agosto de 2019.

Nosotros hicimos gestiones varias ante el Sistema Nacional de Cuidados para solicitar atención para personas adultas en situación de vulnerabilidad total. Las respuestas fueron vergonzosas e inhumanas. Ojalá se haga justicia aunque con tanto anuncio de auditoría que queda en nada, ya nuestro escepticismo es total.

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